El gobierno de la República Centroafricana ordenó la suspensión definitiva de todas las actividades extractivas en la mina artesanal de Zamboyé, ubicada en la prefectura occidental de Nana-Mambéré, a escasos kilómetros de la frontera con Camerún. Esta medida administrativa se adoptó de manera oficial mediante una directiva del Ministerio de Minas y Geología, orientada a detener el flujo de trabajadores en la zona y permitir el desarrollo de las indagaciones judiciales correspondientes sin interferencias en el terreno. La decisión responde directamente a la inestabilidad geográfica provocada por las lluvias recientes, las cuales deterioraron severamente las estructuras subterráneas del complejo.
Las autoridades locales confirmaron que las operaciones de mitigación y evaluación se han visto ralentizadas por la falta de maquinaria pesada idónea para este tipo de topografías de difícil acceso. Varias cooperativas locales que operaban de forma indirecta en los alrededores han acatado la orden de desalojo, mientras las fuerzas de seguridad del Estado custodian los puntos de ingreso principales para evitar que mineros independientes pongan en riesgo su integridad física al intentar acceder de manera clandestina a los pozos más profundos. El cese de actividades busca estabilizar el perímetro antes de evaluar cualquier posible reapertura controlada en el futuro.
Representantes de diversas organizaciones civiles de la provincia indicaron que la paralización total del yacimiento representa un desafío económico inmediato para las comunidades aledañas, ya que el sector artesanal constituye una de las principales fuentes de sustento para los jóvenes de la región. El Ministerio de Minas subrayó que la prioridad absoluta del Estado en este momento es garantizar que no se produzcan nuevos asentamientos informales en áreas declaradas de alto riesgo por los geólogos oficiales. Asimismo, se ha hecho un llamado formal a las asociaciones mineras de la zona para que colaboren con el censo de personal administrativo y técnico que se encontraba operando regularmente en el perímetro regulado.
Por su parte, la fiscalía de la localidad vecina de Baboua mantiene abierta una línea de investigación judicial destinada a esclarecer los niveles de cumplimiento de las normativas de seguridad vigentes antes del colapso del terreno. Los peritos legales se concentran en evaluar la solidez de los soportes estructurales de los túneles y si las directrices de profundidad máxima permitida fueron respetadas por los encargados del sector. Las conclusiones de este informe técnico preliminar serán determinantes para establecer las responsabilidades civiles correspondientes y definir los nuevos protocolos de explotación que exigirá el gobierno central.
Finalmente, las autoridades sanitarias y de atención comunitaria de la región continúan coordinando esfuerzos logísticos con clínicas de la ciudad de Bouar y del territorio camerunés colindante para asegurar la atención médica adecuada de las personas que resultaron afectadas por la emergencia. Diversos sectores han expresado su solidaridad con los habitantes de la subprefectura y han manifestado la importancia de robustecer los programas de capacitación técnica para los trabajadores artesanales, con el propósito de optimizar las condiciones operativas y prevenir incidentes similares en el complejo minero del país.
