La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asumió un papel central en la controversia ambiental y urbana que rodea al proyecto turístico de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, luego de decidir atraer el caso para analizar diversos recursos promovidos por habitantes y organizaciones que cuestionan las modificaciones realizadas al Programa de Desarrollo Urbano de la zona. La decisión, adoptada por unanimidad el pasado 10 de agosto y retomada en un amplio reportaje publicado este sábado 15 de agosto, coloca nuevamente el futuro del proyecto conocido como “Perfect Day” bajo el escrutinio del máximo tribunal del país.
El conflicto tiene su origen en una serie de modificaciones urbanísticas aprobadas durante 2025 por el municipio de Othón P. Blanco, al que pertenece Mahahual. De acuerdo con la información difundida, los cambios abarcaron más de 107 hectáreas y permitieron modificar las condiciones de construcción de determinados terrenos, incluyendo un incremento considerable en las alturas permitidas para algunas edificaciones. Organizaciones ambientales y ciudadanos sostienen que dichas modificaciones se realizaron con rapidez y sin contar con los estudios técnicos, ambientales y mecanismos de participación ciudadana que, a su juicio, debieron acompañar el proceso.
La intervención de la Suprema Corte podría tener consecuencias que vayan más allá del caso particular de Mahahual, debido a que entre los asuntos que deberá analizar se encuentran cuestiones relacionadas con el derecho a un medio ambiente sano, el interés legítimo de las comunidades para cuestionar decisiones urbanísticas y los criterios que deben aplicarse cuando existen posibles afectaciones ambientales. También se encuentra sobre la mesa la aplicación de principios como el precautorio y la participación ciudadana, así como la forma en que deben contabilizarse los plazos para presentar recursos cuando las modificaciones a los instrumentos de planeación urbana no son conocidas oportunamente por la población.
La controversia también ha estado marcada por cuestionamientos relacionados con posibles conflictos de interés. La organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) presentó una denuncia ante autoridades anticorrupción de Quintana Roo debido al posterior nombramiento de Ari Adler Brotman, quien anteriormente había ocupado la dirección del Instituto de Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, como presidente de Royal Caribbean México. La autoridad estatal determinó que los elementos aportados no constituían pruebas concluyentes para acreditar un beneficio indebido, mientras que Brotman ha rechazado que su incorporación a la empresa represente un conflicto de interés.
En paralelo, el proyecto “Perfect Day” ha experimentado cambios importantes en los últimos meses. En mayo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció que no autorizaría su construcción; sin embargo, según la información publicada este sábado, la empresa retiró su Manifestación de Impacto Ambiental antes de que existiera un resolutivo negativo formal. Esta circunstancia significa que, jurídicamente, el procedimiento ambiental quedó cancelado sin que se emitiera una resolución definitiva que declarara inviable el proyecto, dejando abierta la posibilidad de que la iniciativa pueda replantearse posteriormente.
Ahora, la Suprema Corte tendrá la oportunidad de establecer criterios sobre la relación entre los grandes desarrollos turísticos, la planeación urbana y la protección ambiental. El proyecto contempla una infraestructura de gran escala, con decenas de toboganes, piscinas, playas y establecimientos de alimentos y bebidas, por lo que la resolución del máximo tribunal podría convertirse en un referente para futuras controversias similares en otras zonas costeras del país. Mientras el litigio continúa, el caso de Mahahual permanece como uno de los principales debates nacionales sobre los límites entre el desarrollo turístico, los intereses económicos y la protección de los ecosistemas y derechos de las comunidades locales.
