Habitantes del municipio de Kinchil, Yucatán, junto con el Colectivo Consejo Maya del Poniente de Yucatán “Chik’in-ja´”, denunciaron la tala ilegal de grandes extensiones de selva para dar paso a proyectos inmobiliarios. Según el colectivo, la empresa Grupo Totem o Libera está realizando un cambio de uso de suelo de manera irregular con el objetivo de construir 3,000 viviendas destinadas a extranjeros. Acusan que esta situación ocurre con la complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
De acuerdo con la denuncia, la deforestación en Kinchil forma parte de una problemática mayor que afecta a diversas comunidades mayas en Yucatán. Federico May Cuytún, residente de la zona, señaló que en una reciente visita de la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, se informó sobre la afectación de más de 5,000 hectáreas en poder de diversas inmobiliarias. Según el testimonio, en estos terrenos se están talando árboles de más de 20 metros de altura para desarrollar proyectos que, lejos de beneficiar a la población local, amenazan su derecho al territorio y a un ambiente sano.
Jesús Solís, integrante del colectivo Chik’in-ja´ y residente de Kinchil, explicó que en Yucatán la mayoría de las tierras ejidales ya han sido privatizadas a través de mecanismos que incluyen la manipulación y corrupción de campesinos para que cedan sus derechos. La comunidad teme que, de continuar la deforestación sin regulaciones adecuadas, la fauna y flora local sufran un daño irreversible, además del desplazamiento forzado de poblaciones indígenas.
El problema no es exclusivo de Kinchil. Según Federico May, productor de chile habanero, en municipios cercanos como Hunucmá y Tetiz también se han registrado actividades similares. En estas zonas, la destrucción del monte ha provocado que especies como venados, pavos de monte y felinos sean desplazados de su hábitat natural en busca de refugio. Esta situación ha generado un llamado urgente a las autoridades para frenar el avance descontrolado de megaproyectos que amenazan el ecosistema de la región.
A pesar de las reiteradas denuncias y la creciente oposición de comunidades mayas, el gobierno estatal no ha emitido declaraciones sobre la tala ilegal en Yucatán. Se ha señalado la falta de acción por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, encabezada por Federica Janine Quijano Tapia, quien hasta ahora no se ha pronunciado sobre los daños ambientales en la entidad. La comunidad sigue exigiendo respuestas y medidas concretas para evitar que estos proyectos continúen afectando el equilibrio ecológico y los derechos de los pueblos originarios.
