La ciudad de Río de Janeiro enfrenta una de las jornadas más sangrientas de su historia reciente. Una operación policial lanzada el martes dejó un saldo de 132 muertos, entre ellos cuatro agentes, según informó la Defensoría Pública regional de Brasil. La cifra, actualizada este miércoles, convierte la redada en la más letal jamás registrada en la capital carioca. El número de víctimas aumentó después de que vecinos de los barrios afectados, en particular de la favela de la Penha, salieran a buscar a sus familiares desaparecidos y encontraran decenas de cuerpos amontonados en una plaza.
De acuerdo con la Defensoría Pública, funcionarios del organismo acompañan las búsquedas desde la madrugada y supervisan las labores de identificación de los cadáveres en los institutos forenses. La entidad anunció además que recopila testimonios de testigos y familiares para contribuir a una investigación institucional que permita esclarecer los hechos. En su comunicado, la institución destacó la magnitud de la violencia desatada durante la operación y la calificó como una muestra “sin precedentes” de abuso estatal.
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, declaró en conferencia de prensa que hasta el momento su gobierno tiene confirmados 58 decesos, aunque admitió que la cifra “seguro cambiará” conforme avancen las verificaciones. Mientras tanto, las imágenes que circulan en medios y redes sociales muestran una escena devastadora: decenas de cuerpos tendidos uno junto al otro sobre el suelo de una plaza en la favela de la Penha, bajo la mirada atónita de los residentes.
La operación, desarrollada con el apoyo de unos 2.500 agentes y vehículos blindados, tenía como objetivo ejecutar un centenar de órdenes de arresto contra presuntos integrantes del Comando Vermelho, una de las facciones criminales más poderosas de Brasil. Según las autoridades regionales, los enfrentamientos comenzaron cuando los sospechosos “reaccionaron” ante las acciones de los agentes. El balance oficial señala además la detención de 81 personas y el decomiso de 93 fusiles junto con media tonelada de drogas.
El impacto de la operación se extendió más allá de las zonas de combate. Las bandas respondieron con bloqueos en las principales vías de la zona norte de la ciudad, lo que paralizó el tránsito, obligó a la suspensión de un centenar de rutas de autobuses y provocó el cierre temporal de escuelas y centros de salud. Aunque el gobierno local sostiene que las acciones buscaban debilitar la estructura criminal del Comando Vermelho, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han advertido sobre el costo humano de una intervención que ha dejado cicatrices profundas en las comunidades más vulnerables de Río de Janeiro.
