En tan solo sus primeros cien días de regreso al poder, Donald Trump ha puesto en marcha una serie de decisiones que están reconfigurando a gran velocidad la estructura del gobierno de Estados Unidos. Desde que asumió el cargo nuevamente el pasado 20 de enero, el mandatario ha recurrido incesantemente a órdenes ejecutivas, las cuales han tocado prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional. Para sus seguidores, se trata de una demostración del cumplimiento de promesas y de una política decidida que pone en marcha cambios largamente esperados. Sin embargo, sus detractores lo acusan de desestabilizar las instituciones y de alterar de forma peligrosa los límites establecidos por la Constitución.
Uno de los momentos más críticos se dio pocas semanas después de iniciar su mandato, cuando su vicepresidente JD Vance publicó en redes sociales una afirmación que sacudió los cimientos del equilibrio institucional: “Los jueces no pueden controlar el poder legítimo del ejecutivo”. Esta declaración provocó la reacción inmediata de expertos legales y constitucionalistas, quienes señalaron que el control judicial sobre el Ejecutivo ha sido un principio central de la democracia estadounidense durante más de dos siglos. La afirmación no solo cuestionó la autoridad del poder judicial, sino que dejó claro el interés del gobierno por expandir su dominio más allá de lo tradicionalmente permitido.
La administración Trump también ha tomado medidas para reducir la influencia del Congreso. A través de decisiones unilaterales, ha retirado fondos a programas enteros sin pasar por el proceso legislativo, lo cual ha generado preocupaciones sobre una concentración excesiva del poder. Mientras tanto, los tribunales han tratado de frenar estos excesos, emitiendo más de cien fallos que buscan detener acciones ejecutivas consideradas inconstitucionales. Estas tensiones han sido especialmente visibles en el terreno migratorio, donde el gobierno ha ejecutado deportaciones y detenciones bajo el argumento de la seguridad nacional, en algunos casos sin respetar los procedimientos legales ordinarios.
A pesar de las crecientes tensiones, el Ejecutivo ha afirmado que cumplirá con las decisiones judiciales, aunque ha cuestionado públicamente a muchos de los jueces involucrados. Este conflicto entre poderes plantea un escenario en el que la colaboración y los límites entre ramas del gobierno parecen más frágiles que nunca. Lo que ocurre bajo el liderazgo de Trump es, según diversos observadores, una prueba sin precedentes para el sistema constitucional de Estados Unidos, que tradicionalmente ha funcionado sobre la base de la buena fe y el respeto mutuo entre instituciones. La forma en que se resuelva este pulso marcará el futuro del equilibrio institucional en el país.
