En la ciudad de San Francisco de Campeche, periodistas de distintos medios de comunicación realizaron una marcha en defensa de la libertad de expresión y en respaldo del comunicador Jorge Luis González, luego de que la jueza Guadalupe Martínez Taboada lo vinculara a proceso por supuesta incitación al odio y la violencia contra la gobernadora Layda Sansores, además de prohibirle ejercer su labor periodística durante dos años y clausurar la versión digital del periódico Tribuna de Campeche.
La manifestación inició en el parque de San Martín y recorrió las principales calles del Centro Histórico, hasta llegar al Palacio de Gobierno y al Congreso estatal. Durante el recorrido, los participantes portaron pancartas con consignas como “no más censura”, “no al acoso judicial contra la prensa” y “respeten el periodismo”. El contingente denunció lo que consideran un intento de silenciar voces críticas desde el poder, señalando la gravedad de judicializar la labor informativa.
En el Palacio de Gobierno, los periodistas realizaron un plantón en el que tomó la palabra Jorge Luis González Valdez para agradecer el respaldo de organizaciones defensoras de la prensa como Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19. Ambas asociaciones han expresado su rechazo a la decisión judicial, calificándola como una amenaza directa al ejercicio periodístico en el país. González aseguró que la medida forma parte de una lógica autoritaria que busca reprimir al disidente bajo el argumento de proteger al poder.
La protesta también se trasladó al Congreso local, donde Enrique Cruz Carranza, en representación del Club de Periodistas, acusó a la gobernadora Layda Sansores de actuar con autoritarismo al considerar la crítica política como delito. Otros comunicadores, como Abraham Martínez y Luis Armando Mendoza, señalaron que en Campeche el ejercicio del periodismo es cada vez más riesgoso, al denunciar que han sido víctimas de amenazas, asedio judicial y atentados.
El caso de Jorge Luis González se ha convertido en un punto de quiebre para el gremio periodístico local, que acusa una campaña sistemática desde el gobierno estatal para intimidar, censurar y judicializar a los medios que no se alinean con la narrativa oficial. La marcha dejó claro que la lucha por la libertad de expresión continúa, especialmente en un contexto donde la crítica parece ser castigada con el silencio forzado.
