MARIO MARÍN REGRESA AL PENAL DEL ALTIPLANO TRAS REVOCACIÓN DE PRISIÓN DOMICILIARIA

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el exgobernador de Puebla, Mario Marín, fue reingresado al penal del Altiplano luego de que un tribunal revocara la medida de prisión domiciliaria que le había sido concedida. La decisión se produjo tras una impugnación presentada por la Fiscalía Especial en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), argumentando que la medida no se ajustaba a derecho y representaba un riesgo procesal.

Marín había sido trasladado a prisión domiciliaria en agosto de 2024 con un brazalete electrónico y supervisión directa. Sin embargo, el Tribunal Colegiado de Apelación del vigésimo séptimo circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, determinó que la decisión de otorgarle el beneficio carecía de fundamentación adecuada. Según la resolución, no se valoraron correctamente los riesgos de fuga ni la gravedad de los delitos imputados, lo que llevó a su reingreso al penal de máxima seguridad.

El exgobernador enfrenta cargos por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho, quien en 2005 fue detenida arbitrariamente y trasladada de Cancún a Puebla en un operativo en el que participaron policías estatales y funcionarios de alto nivel. Cacho ha señalado que su detención fue un acto de represalia por la publicación de su libro “Los demonios del Edén”, donde expuso una red de trata y explotación infantil vinculada a empresarios y políticos.

La FGR enfatizó que el caso de Mario Marín es de alta relevancia nacional, ya que no solo se trata de un delito de tortura, sino de una agresión contra la libertad de expresión. De acuerdo con el Ministerio Público Federal (MPF), el abuso de poder y el uso ilegítimo de las instituciones para silenciar a periodistas representan una amenaza grave contra los derechos humanos y la transparencia en el país.

El regreso de Marín al penal del Altiplano es un nuevo giro en un caso que ha generado indignación y debate en México. Mientras la justicia avanza en el proceso en su contra, organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa siguen exigiendo el esclarecimiento total de los hechos y castigos ejemplares para todos los implicados.

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