El gobierno de Venezuela sostiene que la presión creciente ejercida por Estados Unidos tiene un objetivo claro: apropiarse de sus vastos recursos energéticos. Nicolás Maduro ha insistido en que las recientes acciones militares y económicas de Washington están directamente relacionadas con el control del petróleo venezolano, una narrativa que ha cobrado fuerza tras la incautación de un buque petrolero señalado por violar sanciones internacionales. Para Caracas, estas medidas confirman que el conflicto va más allá del discurso sobre seguridad o democracia.
Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo a nivel mundial, estimadas en más de 300 mil millones de barriles. Sin embargo, esa enorme riqueza contrasta con su actual nivel de producción, que se ha reducido de forma drástica en las últimas dos décadas. El fortalecimiento del control estatal sobre Pdvsa provocó la salida de personal especializado, deterioro operativo y una caída sostenida en la extracción de crudo, lo que debilitó severamente la industria energética del país.
A este panorama se suman las sanciones impuestas por Estados Unidos desde 2015, las cuales han limitado el acceso de Venezuela a inversión extranjera, tecnología y refacciones esenciales. Aunque algunas empresas internacionales continúan operando de manera limitada, las restricciones han reducido las exportaciones petroleras, afectando uno de los principales pilares económicos del país. Analistas señalan que uno de los mayores obstáculos actuales es el deterioro de la infraestructura petrolera, que requiere inversiones millonarias para ser reactivada.
Desde Estados Unidos, algunas voces políticas y empresariales han planteado que una eventual transición política en Venezuela abriría grandes oportunidades para compañías energéticas estadounidenses. Argumentan que estas empresas cuentan con la capacidad técnica y financiera para rehabilitar oleoductos, plataformas y refinerías, lo que permitiría incrementar la producción. Estas posturas se alinean con la visión de impulsar la extracción petrolera como una vía para estabilizar precios y fortalecer la seguridad energética.
No obstante, la Casa Blanca ha reiterado que sus acciones en la región responden principalmente a preocupaciones sobre narcotráfico y legitimidad política, más que a un interés directo por el petróleo venezolano. Funcionarios estadounidenses han señalado que la prioridad es frenar el flujo de drogas ilegales, mientras expertos en seguridad energética aseguran que no existen pruebas claras de que el control del crudo sea el eje central de la estrategia de Washington. En este contexto, el debate sigue abierto entre acusaciones políticas, intereses económicos y una compleja relación geopolítica marcada por la desconfianza mutua.
