El gobierno de Quintana Roo solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que intervenga en el caso de la concesionaria de agua potable Aguakan, que opera en cuatro municipios de la entidad. La administración estatal, encabezada por Mara Lezama, impugnó una suspensión definitiva que mantiene la concesión intocable, lo que ha generado un proceso legal en curso. La Primera Sala del máximo tribunal analizará la petición y determinará si es procedente atraer el caso para su revisión.
Fuentes del gobierno estatal han expresado que existen elementos suficientes para prever un resultado favorable para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), lo que podría llevar a la revocación de la concesión. En paralelo, Aguakan ha presentado su propio recurso legal para cuestionar al juez que previamente concedió la suspensión pero la revocó en septiembre, luego de que el estado ofreciera una contragarantía económica que cubriera posibles afectaciones a la concesionaria.
La petición del gobierno quintanarroense será evaluada en una sesión privada de la Corte, aunque el Ejecutivo estatal no cuenta con la facultad para solicitar directamente la atracción del caso. Para que el máximo tribunal intervenga, uno de los ministros deberá respaldar la solicitud y elaborar un proyecto en el que se expongan los criterios jurídicos que justificarían su atracción. En caso de que esto no suceda, el asunto quedará en manos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil.
Desde finales de 2023, Aguakan mantiene otro litigio ante un juzgado federal en Cancún, donde obtuvo una suspensión definitiva contra un decreto del Congreso estatal que buscaba anular la prórroga de su concesión, vigente hasta 2053. La revisión de esta suspensión sigue pendiente en un tribunal colegiado, sin que hasta el momento se haya emitido una sentencia definitiva.
En medio de este proceso, la empresa ha denunciado que el gobierno estatal busca presionarla mediante una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, mientras que en febrero habría ofrecido una compensación de 4 mil 500 millones de pesos para que la concesión fuera transferida a la empresa española Acciona. Aguakan, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y tiene un valor estimado de 17 mil millones de pesos según Kroll, continúa defendiendo su permanencia en la entidad.
