El propietario del bar “El Jalisquito”, ubicado en Minatitlán, Veracruz, decidió dejar de pagar las cuotas exigidas por un grupo criminal hace aproximadamente tres meses. Cansado de la constante extorsión y de las amenazas que aumentaban semana a semana, optó por resistirse. Como respuesta, fue blanco de advertencias y un intento de homicidio ocurrido el pasado viernes.
El ataque se produjo cuando el empresario se encontraba en su camioneta acompañado de su familia. Dos sicarios lo interceptaron y comenzaron a disparar. En medio del pánico y con la intención de proteger su vida y la de sus seres queridos, aceleró el vehículo y arrolló a los agresores, quienes perdieron la vida. Sin embargo, en lugar de ser considerado una víctima, las autoridades lo detuvieron y pusieron a disposición del Ministerio Público.
El caso ha generado indignación en la comunidad, especialmente entre comerciantes y empresarios de la zona, quienes han sido víctimas de extorsión durante años. En redes sociales, cientos de mensajes han expresado solidaridad con el empresario, exigiendo su liberación y denunciando la falta de acciones del gobierno contra el crimen organizado. En un mensaje compartido en redes, el dueño de “El Jalisquito” lamentó su situación, afirmando que ha perdido su libertad y paz, y teme ser víctima de represalias.
El bar, que llevaba tiempo operando bajo amenazas, finalmente cerró sus puertas. A través de un comunicado en su página de Facebook, el empresario explicó que desde la apertura del negocio enfrentó constantes extorsiones y ataques, lo que lo llevó a tomar la difícil decisión de dejar de pagar. Según sus declaraciones, las amenazas incluyeron referencias a masacres ocurridas en Coatzacoalcos y Minatitlán en años anteriores, lo que aumentó su temor y desesperación.
Actualmente, las autoridades tienen un plazo de 48 horas para determinar la situación legal del empresario. Mientras tanto, el video del ataque y su reacción se ha difundido ampliamente en redes sociales, avivando el debate sobre la legítima defensa y la falta de seguridad para los comerciantes en Veracruz. La incertidumbre sobre su futuro mantiene a la comunidad en vilo, esperando una resolución que podría sentar un precedente en la lucha contra la extorsión.
