La Península de Yucatán enfrenta una grave crisis ambiental tras la clausura de siete predios en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, donde comunidades menonitas han llevado a cabo desmontes ilegales para transformar la selva en tierras agroindustriales. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en conjunto con fuerzas federales y estatales, intervino los terrenos al confirmar que se había removido vegetación sin autorización y cambiado el uso de suelo, violando la legislación ambiental. La remoción fue documentada en más de 2 mil 600 hectáreas, afectando directamente ecosistemas vitales y especies protegidas.
En Yucatán, el caso más grave ocurrió en Tekax, donde en el paraje San Diego Buenavista se devastaron 350 hectáreas con maquinaria pesada, talando y quemando árboles adultos y vegetación secundaria. Sumando una intervención previa en el mismo municipio, la superficie total afectada asciende a 606.4 hectáreas. Esta acción representa un atentado directo contra la biodiversidad local y evidencia una transformación sistemática del paisaje natural para fines agrícolas intensivos. La Profepa informó que los terrenos fueron nivelados, drenados y dotados con infraestructura de riego, lo que confirma su uso para cultivos industriales.
Campeche también fue blanco de estos operativos, donde en Hopelchén y Calakmul se detectaron actividades ilegales en más de 700 hectáreas. La maquinaria asegurada, que incluye tractores, cosechadoras y grandes volúmenes de madera talada, refleja la magnitud de la intervención forestal. Las autoridades identificaron que las zonas afectadas coinciden con áreas de expansión de grupos menonitas, quienes han sido señalados en repetidas ocasiones por promover estas prácticas sin acatar los requerimientos legales y ambientales.
Quintana Roo fue la entidad más afectada en esta serie de inspecciones, con más de 1,300 hectáreas devastadas en municipios como José María Morelos y Othón P. Blanco. En estos predios se eliminaron especies enlistadas en normas de protección ambiental, como caoba, palma chit y palma de huano. En el ejido Juan Sarabia se encontró un cambio de uso de suelo sin permiso en 437.5 hectáreas, una clara violación a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Ante estos hallazgos, la Profepa aplicó clausuras y sanciones correspondientes, reforzando el mensaje de cero tolerancia ante la destrucción del patrimonio natural de México.
Como resultado de este operativo especial, se contabilizaron 2,608.9 hectáreas afectadas en toda la Península, así como el decomiso de más de 100 metros cúbicos de madera y maquinaria utilizada para el desmonte. La Profepa anunció que intensificará su presencia en la región con operativos permanentes, en coordinación con la Semarnat y otras instituciones federales. Estas acciones buscan frenar el avance de la frontera agropecuaria y evitar que se siga perdiendo una de las selvas más ricas en biodiversidad del continente.
