Después de más de dos años de espera, el Estado de Campeche finalmente ha cumplido con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para despenalizar el aborto, modificando el Código Penal local y garantizando el derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción de su embarazo. Esta decisión se tomó durante una sesión reservada del Congreso del Estado, celebrada el lunes por la noche, en la que no se permitió el acceso de ciudadanos ni medios de comunicación, y en la que se discutió únicamente la modificación de los artículos 155 al 159 del Código Penal estatal.
Hasta antes de esta reforma, las leyes de Campeche imponían sanciones a las mujeres que optaran por un aborto, dependiendo de la etapa de gestación. Para aquellos abortos realizados antes de las 12 semanas, las mujeres y quienes las ayudaran podían ser sancionadas con jornadas de trabajo comunitario, que oscilaban entre 24 y 72 horas. Sin embargo, si el aborto ocurría después de las 12 semanas de gestación, las penas eran más severas, con prisión de 6 meses a 2 años para las mujeres y las personas que participaran en el procedimiento.
El cambio en la legislación busca que no se criminalice a las mujeres por ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo. Grupos feministas, especialmente de Ciudad del Carmen, han luchado por la despenalización, reclamando la necesidad de eliminar las sanciones legales que afectaban a las mujeres que decidían interrumpir su embarazo, defendiendo su derecho a elegir sin temor a represalias. Estos colectivos han sido un factor clave en la presión social que llevó a la reforma legislativa en Campeche.
A pesar de que en septiembre de 2023 la SCJN despenalizó el aborto a nivel federal, hasta ahora, el Código Penal de Campeche no se había modificado para alinearse con esa decisión, lo que había mantenido las leyes anteriores vigentes en el estado. Este retraso en la reforma había generado controversia y críticas por parte de sectores sociales y de derechos humanos que pedían que el Estado cumpliera con la normativa federal para garantizar los derechos reproductivos de las mujeres.
Aún no se han hecho públicos los detalles del proyecto que fue presentado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), aunque se espera que los artículos modificados sean derogatorios de las sanciones penales, mientras que se mantendrán los castigos para aquellos que inciten o provoquen el aborto de una mujer sin su consentimiento.
