La industria europea volvió a encender las alertas luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer nuevos aranceles a varios países del continente como medida de presión política. El anuncio llegó en un momento en que las empresas comenzaban a adaptarse a los acuerdos comerciales alcanzados el año pasado, los cuales habían reducido parcialmente la volatilidad derivada de la guerra comercial previa. La nueva advertencia, vinculada a la intención de Washington de adquirir Groenlandia, fue recibida como un giro abrupto que altera nuevamente el panorama económico.
De acuerdo con lo expuesto, los gravámenes se aplicarían de manera progresiva a partir del 1 de febrero sobre bienes importados desde países clave de la Unión Europea como Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos y Finlandia, además de Reino Unido y Noruega. La reacción de los principales gobiernos europeos no se hizo esperar, calificando la medida como una forma de presión inaceptable que trasciende lo estrictamente comercial y se adentra en el terreno político y geoestratégico.
Ante este escenario, los embajadores de la Unión Europea alcanzaron un consenso preliminar para intensificar los esfuerzos diplomáticos con el objetivo de disuadir a Estados Unidos de avanzar con los aranceles. Paralelamente, comenzaron a delinear posibles medidas de respuesta en caso de que la amenaza se concrete. La preocupación es compartida por distintos sectores productivos, que advierten sobre un posible regreso a la inestabilidad que caracterizó los meses más intensos del conflicto comercial del año pasado.
Representantes de la industria, como el sector de vinos y licores en Francia, señalaron que las anteriores restricciones ya habían reducido de forma considerable su actividad en el mercado estadunidense. La posibilidad de nuevos gravámenes genera inquietud adicional, no solo por el impacto económico directo, sino porque se percibe como un precedente en el uso de los aranceles como instrumento de presión política. Desde esta perspectiva, empresarios consideran indispensable que Europa responda de manera coordinada y al más alto nivel.
El bloque europeo, cuyo intercambio comercial con Estados Unidos alcanza cifras superiores al billón de dólares anuales, evalúa distintas opciones. Entre ellas se encuentra la activación de aranceles de represalia sobre importaciones estadunidenses, así como la eventual aplicación del denominado instrumento anticoerción, que permitiría restringir el acceso de empresas de Estados Unidos a licitaciones, inversiones o servicios financieros dentro del mercado europeo. Estas alternativas serán discutidas en una cumbre de urgencia convocada en Bruselas.
Analistas advierten que la reanudación de una guerra comercial abierta tendría efectos negativos para ambas partes. Además de encarecer productos en Estados Unidos, podría acelerar el redireccionamiento de exportaciones y empujar a las empresas europeas a buscar nuevos mercados, reduciendo su dependencia del socio norteamericano. Aunque el conflicto representa un desafío económico y geopolítico para Europa, también se señala que podría tener consecuencias contraproducentes para la propia administración estadunidense.
