Exservidores de la Nación en Yucatán han denunciado públicamente a Rogerio Castro, delegado estatal de la Secretaría de Bienestar, por presuntos abusos, despidos injustificados y prácticas de nepotismo dentro de la dependencia. De acuerdo con su testimonio, más de 80 trabajadores fueron cesados sin previo aviso, sin explicación formal y sin recibir una liquidación conforme a la ley, a pesar de haber laborado en condiciones adversas por más de seis años.
Durante una rueda de prensa, los afectados expusieron que su labor en el programa federal implicó recorrer comunidades en extrema pobreza, soportando jornadas extenuantes y condiciones climáticas difíciles, sin días de descanso. Sin embargo, a pesar de su compromiso con la población, fueron dados de baja de manera arbitraria. Además, señalaron que las evaluaciones internas fueron manipuladas para justificar los despidos, ya que al menos diez de sus compañeros recibieron calificaciones bajas con la aparente intención de sacarlos del programa.
Entre los denunciantes se encuentran Wilger Ravel, Jorge Collí y Benjamín Caamal, quienes aseguraron que fueron notificados sobre la no renovación de su contrato el 28 de marzo, cuando este procedimiento suele llevarse a cabo entre el 30 y el 31 del mismo mes. Asimismo, subrayaron que las condiciones laborales cambiaron radicalmente con la llegada de Rogerio Castro, pues durante la gestión anterior, encabezada por Joaquín Díaz Mena, no se presentaron este tipo de problemas.
El actual delegado fue cuestionado sobre estas acusaciones durante su conferencia de prensa semanal. No obstante, Castro negó las afirmaciones de los extrabajadores y se limitó a declarar que analizaría las denuncias. Aseguró que cualquier persona que tenga quejas puede contactarlo directamente, pero evitó profundizar en el tema y afirmó que no desea caer en polémicas.
Por otro lado, Rogerio Castro destacó que la administración de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), destinados a proyectos de salud, educación e infraestructura básica, estará a cargo de comunidades indígenas y afrodescendientes a través de asambleas públicas. Sin embargo, los extrabajadores también cuestionaron la efectividad de los censos del programa Salud Casa por Casa, argumentando que algunas zonas han sido encuestadas en varias ocasiones mientras que otras aún no han sido atendidas.
