La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una fuerte recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por graves violaciones a derechos humanos cometidas por personal militar en Guerrero. La Recomendación 184VG/2025 se derivó de actos de tortura física y psicológica perpetrados por elementos del 40 Batallón de Infantería, quienes estaban comisionados en el municipio de Cutzamala de Pinzón. La víctima, entrevistada en noviembre de 2023 en el Cefereso 18, denunció haber sido detenida en octubre de 2012 por integrantes de unidades élite de la Sedena y sometida a severos maltratos.
La persona detenida señaló que su aprehensión fue llevada a cabo por miembros del Grupo Aéreo de Fuerzas Especiales (GAFE) y del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN), sin que mediara orden judicial. Posteriormente, fue trasladada a instalaciones de la extinta Procuraduría General de la República, donde continuaron los actos de tortura con la finalidad de obtener una confesión autoinculpatoria. La denuncia incluye afectaciones no sólo a la integridad personal, sino también al proyecto de vida de la víctima y de otra persona cercana, todo presuntamente con el objetivo de fabricar delitos.
La CNDH concluyó que existen elementos contundentes para acreditar la responsabilidad de elementos del Ejército en los actos cometidos. Entre las pruebas presentadas figuran dictámenes médicos, declaraciones ministeriales y, especialmente, evaluaciones basadas en el Protocolo de Estambul, reconocido internacionalmente como estándar para documentar tortura. Según el organismo, las violaciones incluyen afectaciones al trato digno, la libertad personal, la seguridad jurídica y la integridad física y mental de las víctimas.
Ante la gravedad de lo documentado, la CNDH pidió al titular de la Sedena que se repare integralmente el daño ocasionado. También solicitó que se otorgue atención médica y psicológica a las personas afectadas, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Además, exigió que una autoridad de alto nivel supervise el cumplimiento de la Recomendación 184VG/2025, que ya fue notificada formalmente. Esta recomendación reabre el debate sobre la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y la necesidad de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
