Los directivos de la empresa Aguakan no se presentaron a la audiencia programada en el Juzgado Segundo de Distrito, en la que se abordarían las acusaciones en su contra presentadas por el Gobierno de Quintana Roo. La denuncia señala presuntas irregularidades como operación con recursos de procedencia ilícita y la promoción de conductas indebidas por parte de servidores públicos. La audiencia, originalmente fijada para el 3 de marzo, fue pospuesta dos días debido a las festividades del carnaval en Cancún.
El proceso legal contra Aguakan se enmarca dentro de una serie de procedimientos legales que buscan esclarecer las condiciones en las que opera la concesionaria en el estado. De acuerdo con fuentes del Juzgado, los acusados pueden presentar su defensa por diversos medios, como Internet, correo electrónico o de manera presencial. Paralelamente, se han promovido amparos en favor del director general de la empresa, Paul Andrew Rangel Merkley, quien obtuvo una suspensión provisional contra una orden de aprehensión, aunque se mantiene activa una alerta migratoria en su contra.
La Fiscalía General de la República (FGR) resolvió no ejercer acción penal contra Rangel Merkley, según consta en un documento autorizado el 25 de junio de 2024. Esta decisión fue informada al Juzgado Octavo de Distrito en Cancún, como parte de un amparo interpuesto a inicios de marzo. Sin embargo, el conflicto legal no ha concluido, ya que el Gobierno del Estado y diversas autoridades municipales continúan impulsando recursos para revocar la concesión otorgada a Aguakan.
En un esfuerzo por defender su permanencia, la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC)-Aguakan recurrió a la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en febrero pasado, solicitando un arbitraje internacional sobre la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos. A esta solicitud han respondido las autoridades estatales y municipales, aunque los detalles sobre el avance del arbitraje no han sido revelados.
Por su parte, el Ayuntamiento de Benito Juárez reafirmó su compromiso de seguir adelante con el proceso legal para la revocación de la concesión. El síndico municipal, Miguel Ángel Zenteno Cortés, sostuvo que, aunque Aguakan ha defendido su postura, las deficiencias en el servicio justifican la medida. Además, reiteró que, en caso de proceder la cancelación del contrato, se contempla la posibilidad de una indemnización para la empresa, cuyo monto final dependerá de las negociaciones en curso.
