La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, continúa con la consolidación de su estrategia energética al impulsar reformas que fortalecen a Pemex y revierten la apertura del sector a la inversión privada. Como parte de estas medidas, se anunció la cancelación definitiva de las rondas petroleras, así como una revisión de los contratos vigentes con empresas internacionales, con el objetivo de evaluar si continuarán invirtiendo en el país o deberán devolver las áreas adjudicadas para exploración y explotación.
El gobierno sostiene que estas modificaciones buscan garantizar el control estatal sobre los recursos energéticos y reforzar la capacidad productiva de Pemex. Según la secretaria de Energía, Luz Elena González, la estrategia de permitir mayor participación privada en la industria petrolera no dio los resultados esperados, ya que, a pesar de adjudicarse más de 90 áreas para exploración y explotación, solo han contribuido con el 6 por ciento de la producción nacional.
Desde la reforma energética de 2013, Pemex ha enfrentado una creciente deuda y una disminución en su capacidad operativa. Durante el periodo de 2013 a 2018, la inversión en la empresa estatal se redujo en un 55 por ciento, la perforación de pozos cayó en un 87 por ciento, y la producción de petróleo y gas registró descensos del 28 y 22 por ciento, respectivamente. Ante este panorama, la actual administración busca garantizar la soberanía energética mediante un modelo donde Pemex tenga prioridad en la asignación de proyectos.
El nuevo marco legal establece que el gobierno, a través de la Secretaría de Energía, decidirá las áreas de exploración y explotación, otorgando preferencia a Pemex. Sin embargo, en caso de que la empresa estatal no pueda operar en ciertas áreas, estas podrán ser asignadas a compañías privadas bajo un esquema de contratos mixtos. Se pretende que este modelo asegure la rentabilidad de la empresa estatal y evite acuerdos desventajosos para el país.
Como parte del plan de fortalecimiento, Pemex prevé perforar 269 pozos exploratorios y realizar más de 2,000 perforaciones productivas en los próximos años, con una inversión de 220,000 millones de pesos. El objetivo es alcanzar una producción de 1.8 millones de barriles diarios y garantizar la soberanía energética. No obstante, la medida genera incertidumbre entre inversionistas y calificadoras, que observan con atención el rumbo que tomará la industria petrolera bajo esta nueva estrategia.
