Diversas organizaciones de la sociedad civil, colectivos ciudadanos y especialistas del ámbito académico manifestaron su inquietud ante la intención de realizar el proyecto de restauración de playas en el norte de Quintana Roo sin una nueva evaluación ambiental. La preocupación surge luego de declaraciones oficiales que apuntan a que las obras se sustentarían en una autorización ambiental emitida en 2009, mediante una ampliación administrativa, pese a que en más de quince años el contexto ambiental, territorial y normativo ha cambiado de manera profunda.
Uno de los principales señalamientos es que la autorización ambiental vigente resulta insuficiente para respaldar el proyecto actual. De acuerdo con los especialistas, tan solo la restauración de playas en Cancún requiere un nuevo proyecto ejecutivo y una nueva Manifestación de Impacto Ambiental, ya que el polígono actualmente planteado, que va de Playa Las Perlas a Punta Nizuc, no se encuentra cubierto por la autorización original. A esto se suma que el propio gobierno estatal ha reconocido la intención de incluir municipios adicionales como Puerto Morelos, lo que confirma que el permiso emitido en 2009 no alcanza para justificar jurídicamente las obras previstas.
Asimismo, se advierte que la restauración de playas en el norte del estado debe entenderse como un proyecto de carácter regional y no como intervenciones aisladas. La dinámica litoral conecta los efectos ambientales entre distintos municipios, entre ellos Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Solidaridad y Cozumel, abarcando más de 30 kilómetros de costa. Parte de estas zonas se encuentran dentro o en áreas de influencia de Áreas Naturales Protegidas federales, como el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos y la Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano, figuras de conservación que no existían al momento de la autorización original.
Desde esta perspectiva, la Manifestación de Impacto Ambiental aprobada en 2009 resulta material y jurídicamente rebasada frente a la ampliación territorial del proyecto y a la incorporación de nuevos municipios. La magnitud actual de la intervención obliga a elaborar y someter a evaluación una nueva MIA, con estudios actualizados sobre batimetría, dinámica costera y volúmenes de arena, tal como lo exige la propia normatividad ambiental. Aunque las autoridades han señalado que el proyecto se enmarca en planes nacionales de restauración y que existen vías de atención expedita por posibles escenarios de emergencia, especialistas subrayan que ello no exime el cumplimiento completo del procedimiento de evaluación ambiental.
A estas consideraciones se suman los cambios ambientales sustanciales registrados desde 2009 en el Caribe mexicano. Entre ellos destacan el aumento del nivel del mar, la mayor frecuencia e intensidad de fenómenos hidrometeorológicos y la llegada masiva y recurrente de sargazo a partir de 2015, un fenómeno inexistente en el momento de la autorización original. Estas nuevas condiciones modifican de forma significativa el entorno costero y los riesgos asociados a cualquier intervención de gran escala.
Finalmente, se enfatiza la situación crítica del Sistema Arrecifal Mesoamericano, cuya cobertura coralina se ha reducido de manera notable en los últimos años. El blanqueamiento registrado recientemente ha afectado gravemente a una proporción considerable de los corales, lo que incrementa la vulnerabilidad de los ecosistemas marinos. Ante este escenario, organizaciones y académicos consideran que insistir en la vigencia de una autorización ambiental desactualizada contraviene el principio de prevención y pone en riesgo la protección efectiva de los ecosistemas costeros de Quintana Roo.
