En los últimos tres años, Quintana Roo ha experimentado un cambio significativo en la estructura de sus ingresos públicos, logrando fortalecer su recaudación propia al tiempo que reduce de manera sostenida la proporción de recursos que recibe de la federación. Para 2026, la Ley de Ingresos del estado proyecta que la recaudación derivada del cobro de impuestos y derechos pasará de 11,100 millones de pesos en 2024 a 17,855 millones, un incremento de 60% en apenas un trienio. Este aumento marca un giro relevante en la autonomía financiera del estado, que históricamente ha dependido en gran medida del presupuesto federal.
En ese mismo periodo, se prevé que los recursos federales reduzcan su peso relativo dentro de la estructura financiera estatal, pasando de representar 77% del total de ingresos a solo 68%. Esta disminución de nueve puntos porcentuales refleja la intención del gobierno estatal de diversificar sus fuentes de financiamiento y consolidar una política recaudatoria más sólida. De acuerdo con un análisis del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, la estrategia del estado se apoya principalmente en el fortalecimiento de los derechos estatales, así como en los ingresos derivados del Impuesto al Hospedaje y el Impuesto Sobre Nóminas.
No obstante, el avance de esta estrategia enfrenta diversos obstáculos, entre los que destaca la incertidumbre respecto a la recaudación del Visitax o Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público. La administración estatal proyecta obtener 4,300 millones de pesos por este concepto para 2026, pero a la fecha no se ha definido de manera precisa el mecanismo mediante el cual se realizará el cobro. La Ley de Ingresos permanece en espera de aprobación en el Congreso local desde hace casi dos semanas, debido principalmente a la oposición del sector hotelero, que rechaza convertirse en responsable de retener y transferir el Visitax.
El gobierno estatal propone que los hoteles actúen como responsables solidarios y apliquen el cobro desde el momento en que los visitantes extranjeros adquieren un paquete turístico, entregando los montos recaudados de manera mensual. Sin embargo, el sector empresarial expresa inconformidad, argumentando que asumir esta tarea implica una carga administrativa adicional y una posible afectación en la experiencia del visitante. Esta resistencia se suma al hecho de que, desde su creación en 2021, el Visitax solo ha logrado recaudar aproximadamente 10% de lo proyectado, lo que subraya las dificultades para operar este tipo de aprovechamientos.
Otro factor que complica el panorama es la existencia de fallos judiciales en otros estados, emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se ha declarado inconstitucional el cobro de ciertos aprovechamientos debido a la falta de claridad sobre el beneficio que recibe el visitante a cambio del pago. Este antecedente añade incertidumbre sobre la viabilidad legal del Visitax en Quintana Roo y sobre la manera en que podrá instrumentarse sin vulnerar criterios constitucionales. Para el Observatorio Legislativo, la aprobación de la Ley de Ingresos 2026 será determinante para definir la ruta de los ingresos estatales en los próximos años.
El futuro financiero de Quintana Roo dependerá de si logra incrementar sus ingresos sin generar efectos adversos en el sector hotelero, una pieza clave de su economía. La discusión legislativa no solo determinará la operatividad del Visitax, sino también el equilibrio entre la necesidad de robustecer las finanzas estatales y el compromiso de mantener un entorno favorable para la industria turística, uno de los motores económicos más importantes del estado.
