El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la transferencia a México de 14 presos condenados por delitos de distribución de drogas, bajo un tratado bilateral vigente desde 1977. La medida, realizada el pasado viernes, permitirá a las autoridades estadounidenses ahorrar unos cuatro millones de dólares, equivalentes al costo estimado de los 96 años restantes de condenas combinadas de los reos. Los traslados se efectúan solo con el consentimiento del preso y la autorización del país receptor, y tienen como fin facilitar su rehabilitación y aliviar problemas administrativos y diplomáticos asociados al encarcelamiento de extranjeros.
Esta es la segunda transferencia del año, tras la realizada en abril, cuando se enviaron 13 reclusos a México por delitos similares. Desde la entrada en vigor del tratado, en noviembre de 1977, se han concretado 185 traslados de este tipo. El programa no solo busca aliviar la sobrepoblación carcelaria en Estados Unidos, sino también que los condenados cumplan sus penas en un entorno cultural y social más cercano, lo que en teoría favorece su reinserción.
La operación contrasta con el traslado masivo de 29 capos del narcotráfico que México envió a Estados Unidos en febrero, fuera del marco ordinario de extradiciones. En ese grupo figuraban nombres de alto perfil como Rafael Caro Quintero, histórico líder del Cártel de Guadalajara, y Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, exdirigentes de Los Zetas. Aquella entrega se dio en el marco de negociaciones con el gobierno de Donald Trump para evitar la imposición de aranceles a México.
Según analistas, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha utilizado las acciones en materia de seguridad como moneda de cambio para mantener a raya las presiones económicas de Washington, especialmente en lo relacionado al combate contra el fentanilo. Sin embargo, el caso de esta semana evidencia que el interés estadounidense en mantener bajo su custodia a los grandes capos no se extiende a los pequeños distribuidores, cuyo encarcelamiento en prisiones federales es visto más como un gasto que como una prioridad estratégica.
