La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió invalidar varios artículos del Código Civil de Quintana Roo que obligaban a presentar certificados médicos como requisito indispensable para contraer matrimonio. Esta decisión, tomada por el Pleno, considera que tales disposiciones eran inconstitucionales al imponer obstáculos basados en estereotipos sobre salud, afectando el derecho a la igualdad, la no discriminación y la vida privada de las personas.
Entre los artículos invalidados se encuentran el 383, incisos b) y c; el 682, fracción II; y el 700, fracción IX. Estas normas exigían que los futuros contrayentes entregaran información médica sobre enfermedades crónicas, incurables, contagiosas o hereditarias. La Corte argumentó que esta medida resultaba desproporcionada, estigmatizante y transformaba un procedimiento civil en un filtro discriminatorio, sin justificación válida dentro del marco constitucional.
Un aspecto relevante de la sentencia fue la omisión del Congreso local de consultar previamente a las personas con discapacidad antes de legislar estas disposiciones. La SCJN consideró que esta falta de consulta vulnera los derechos de un grupo históricamente excluido, reforzando así los argumentos para declarar la invalidez de las normas. El tribunal subrayó que cualquier cambio legal que afecte directamente a este sector de la población debe ir acompañado de un proceso participativo conforme al marco de derechos humanos.
La resolución también estableció que exigir la revelación de datos médicos para contraer matrimonio constituye una violación al derecho a la vida privada. Según los ministros, no existe razón constitucional alguna para condicionar el ejercicio de un derecho civil como el matrimonio a la divulgación de información sobre la salud de las personas. La decisión se deriva de la acción de inconstitucionalidad 29/2024, presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y fue aprobada por el Pleno en sesión del 24 de junio de 2025.
