Una nueva estrategia del gobierno de Donald Trump ha comenzado a aplicarse en Estados Unidos, dirigida a disuadir la permanencia de migrantes en situación irregular. Esta medida contempla sanciones económicas que pueden alcanzar hasta los 1.8 millones de dólares por persona. El caso de Wendy Ortiz, una mujer salvadoreña que huyó de la violencia en su país y ha residido en territorio estadounidense durante una década, ha llamado la atención pública. Ella recibió una notificación de multa por esa cantidad, lo que le resulta impensable pagar con su salario de 13 dólares por hora trabajando en una planta empacadora en Pennsylvania, donde mantiene a su hijo de seis años con autismo, nacido en Estados Unidos.
La política migratoria del presidente Trump ha tomado un nuevo rumbo, aplicando una ley de 1996 para sancionar económicamente a quienes hayan ignorado una orden definitiva de deportación. Hasta ahora, más de 4 mil 500 migrantes han sido notificados con multas acumuladas que superan los 500 millones de dólares. Según fuentes oficiales, los sancionados disponen de 30 días para apelar, entregando una declaración jurada y pruebas que justifiquen por qué no se les debería aplicar la multa. Entre los sancionados hay personas de bajos ingresos, sin antecedentes penales y con hijos nacidos en el país, lo que ha generado desconcierto entre los abogados de inmigración que los representan.
El gobierno tiene previsto aplicar las multas con carácter retroactivo, acumulando 998 dólares diarios durante hasta cinco años. En caso de no poder pagar, se plantea la posibilidad de embargar bienes de los migrantes afectados. Sin embargo, aún no está claro cómo se llevará a cabo este proceso ni cómo la administración federal cobrará las sanciones. Mientras tanto, la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha sido designada para encargarse de la logística de los decomisos, mientras el Departamento de Seguridad Nacional evita dar comentarios directos sobre los casos individuales.
El impacto de esta estrategia ya se deja sentir entre familias enteras. Algunos de los afectados están casados con ciudadanos estadounidenses o tienen procesos abiertos para regularizar su situación. En casos como el de Rosa, residente en Nueva York, su esposo hondureño fue multado con 5 mil dólares a pesar de no haber podido salir del país por motivos médicos. Otros como Wendy Ortiz han iniciado solicitudes de protección humanitaria y prórrogas legales para evitar la deportación, argumentando riesgos en sus países de origen y la imposibilidad de garantizar una vida digna a sus hijos en caso de regresar. Para muchos expertos en derecho migratorio, estas medidas son desproporcionadas y generan un ambiente de temor y hostilidad entre comunidades vulnerables.
