El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó una profunda preocupación ante las recientes deportaciones masivas realizadas por Estados Unidos, señalando violaciones a los derechos fundamentales de cientos de migrantes. Entre el 20 de enero y el 29 de abril de 2025, más de 142 mil personas fueron expulsadas del país, de acuerdo con cifras oficiales. Sin embargo, lo que más alarma a la ONU es que aún se desconoce el paradero de al menos 245 venezolanos y 30 salvadoreños, quienes habrían sido enviados a El Salvador bajo sospechas de pertenecer a grupos criminales.
Muchos de estos migrantes fueron deportados aplicando la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act), una norma que ha sido duramente cuestionada por organismos internacionales. Según las investigaciones, varios de ellos estarían recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad en El Salvador caracterizada por sus duras condiciones y la falta de acceso a asesoría legal o contacto con sus familias. La ONU ha recibido reportes de que más de un centenar de venezolanos están detenidos en ese centro sin haber tenido conocimiento previo de que serían enviados a un tercer país.
El Alto Comisionado destacó que ni Estados Unidos ni El Salvador han publicado listados oficiales de las personas detenidas, lo que incrementa la angustia de sus familiares, quienes no saben si sus seres queridos están vivos ni bajo qué condiciones. Algunos solo lograron confirmar su ubicación tras ver videos en redes sociales en los que sus familiares aparecían encadenados o siendo trasladados hacia el CECOT. Además, no se les ha permitido impugnar legalmente su detención ni recibir asistencia jurídica adecuada, lo cual constituye una grave violación a sus derechos procesales.
Volker Türk hizo hincapié en que esta situación vulnera una amplia gama de derechos humanos reconocidos tanto en el derecho estadounidense como en el derecho internacional. Afirmó que los detenidos han sido tratados como criminales o incluso terroristas sin que se haya comprobado ninguna acusación en un tribunal. También criticó el uso de un lenguaje denigrante contra los migrantes y la manera en que fueron detenidos, en algunos casos encadenados. Finalmente, pidió al gobierno estadounidense detener cualquier expulsión hacia países donde los migrantes corran riesgo de sufrir tortura o daño irreparable, y asegurar el respeto al debido proceso para todos los afectados.
